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Tras la entrada en vigor de la responsabilidad penal de las empresas en el caso de empleados que cometen un fraude, las compañías intentan que sean los trabajadores quienes denuncien a sus compañeros y superiores.

Cuatro de cada diez directivos españoles consideran que hacer un regalo o sacar la chequera para conseguir un contrato para su empresa está justificado, a pesar de que se considere un delito. Aunque la realidad política y empresarial pone de manifiesto el problema de corrupción que atraviesa el país, las estadísticas tampoco ayudan a mejorar la opinión de los inversores internacionales sobre España.

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